Lo anterior ocurrió en la zona arqueológica de Izapa, en el estado de Chiapas.
La zona se encuentra en el municipio de Tuxtla Chico, a los pies del volcán Tacaná y a solo 4 kilómetros del río Suchiate, que marca la frontera entre México y Guatemala.
Fue a este lugar donde el jueves por la mañana varias personas ingresaron con maquinaria pesada y destruyeron el montículo 46 de Izapa, sin que nadie se presentara a detenerlos.
El montículo era uno de los más grandes e importantes de la zona.
“El daño al patrimonio histórico y cultural es incuantificable” denunció Reidil Colombo Ramírez, presidente del comité de conservación de Izapa.
El objetivo de la destrucción fue lotificar el terreno con el fin de construir un fraccionamiento, aunque la alcaldesa de Tuxtla Chico, Deysi González de Morena, negó haber otorgado permisos.
Esto a pesar de que el investigador Herbert Castellanos denunció la presencia de policías municipales que resguardaban a las máquinas mientras destruían la zona arqueológica.
Funcionarios del INAH ya interpusieron una demanda ante quien resulte responsable de los daños, y trabajan en hacer una valoración detallada de lo perdido.
Además de una multa por el total de los daños causados, la ley indica que los responsables pasarían de 3 a 10 años de prisión.
Junto a la estructura destruida, el escombro sepultó el vertedero de Los Filines, un lugar diseñado para recolectar aguas invernales y que es uno de los ejemplos más importantes de obras hidráulicas en el México antiguo.
Aunque se castigue a los responsables, esta parte de Izapa se ha perdido para siempre.
México ha tenido más problemas con la destrucción de sus tesoros arqueológicos, tal y como ocurrió con el Acueducto de Nezahualcoyotl en el Estado de México.
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