Esto ocurrió en Pilbara, una de las nueve regiones de Australia Occidental, donde los refugios de roca de Juukan fueron víctima de estas acciones.
Lo peor del asunto es que el acto contó con permisos legales del gobierno estatal, que se basó en una legislación de 1972 que ignora los enormes avances en el respeto a las culturas aborígenes que se han tenido desde entonces.
Estas han permitido, entre otras cosas, proteger Uluru del turismo masivo.
Rio Tinto, empresa que ha sido ligada a decenas de casos de daño ambiental, cultural y de derechos humanos alrededor del mundo, sabía hace décadas del valor cultural de estas cuevas, pero consideró que estaban demasiado cerca a su mina como para que fuera posible evitar dañarlas.
Desde inicios de este siglo, buscaron permiso para estallar el sitio, y finalmente consiguieron este en 2013.
Como paso previo, se financió una misión de rescate arqueológico para recuperar el material que pudiera ser significativo para la investigación histórica.
Sin embargo, esta investigación arrojó que el lugar tenía una riqueza mucho mayor a lo esperado.
Las excavaciones revelaron que el cañón de Juukan estuvo habitado continuamente desde la última era de hielo, siendo el único lugar en el interior de Australia donde se ha podido demostrar una presencia humana tan antigua.
También se descubrieron herramientas de hueso, que resultaron ser la tecnología más antigua descubierta en el país, y que tienen 28,000 años de antigüedad.
Al no tener un suelo rocoso, sino arenoso, se tenían registros que se adentraban miles de años en el pasado y hubieran permitido saber como cambió la fauna y la flora antes de que el lugar se desertizara.
Finalmente, se descubrió un cinturón de cabello trenzado, al cual se le hicieron estudios de ADN que demostraron que los antiguos habitantes de la zona son ancestros directos de las tribus Puutu Kunti Kurrama y Pinikura, que hoy continúan habitando la región.
Los descubrimientos llamaban a una investigación arqueológica más extensa, y no solo al rescate de lo hallado, pues la información que se obtuvo no fue sino una pequeña parte de lo que existía.
Pero en lugar de negociar para hacer una investigación más extensa, Rio Tinto aceleró la demolición, rechazó una cuarta expedición y no tuvieron pláticas con la Corporación Aborigen PKKP que representa a los habitantes de la zona.
“Nuestra gente está afligida y triste”, dijo John Ashburton, representante de los Puutu Kunti Kurrama y Pinikura.
“Estamos de luto por haber perdido esta conexión con nuestros ancestros y con nuestra tierra”.
Aunque Rio Tinto actuó legalmente, Ashburton lamentó su falta de flexibilidad a la luz de la importancia de los descubrimientos históricos.
La compañía minera dio a conocer un comunicado donde presume su compromiso con las tribus aborígenes.
“Rio Tinto ha trabajado constructivamente con la gente PKKP en una serie de asuntos de patrimonio y, cuando ha sido práctico, ha modificado sus operaciones para evitar impactos al patrimonio y para proteger espacios de importancia cultural para el grupo.”
Las leyes que permitieron a Rio Tinto destruir este espacio histórico, han estado en revisión desde 2012, por ser injustas para los aborígenes.
La nueva ley obligaría a consultar con las tribus, y permitiría modificar los permisos si los descubrimientos muestran que el lugar tiene mayor importancia.
Pero la aprobación de esta ley quedó en la congeladora después de que la epidemia de coronavirus paró las actividades de Australia, como las del resto del mundo.
Y mientras tanto, 46,000 años de historia fueron destruidos sin que nunca sepamos lo que tenían para contarnos.
“Era el tipo de lugar en el que no puedes estar muy seguido”, comentó el arqueólogo Michael Slack que dirigió las excavaciones.
“Pudimos trabajar ahí por años… ¿Qué tan importante tiene algo que ser para que sea valorado por la sociedad?”
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