Argentina, muy similar a la mayoría de sus vecinos latinoamericanos, es en su mayoría un país católico. El catolicismo como la religión más aceptada y seguida en América Latina puede atribuirse a su herencia colonial española y en parte portuguesa. El catolicismo y su amplia prevalencia y aceptación han impedido que la mayor parte de América Latina legalice el aborto; mientras que algunos países como la Argentina han hecho excepciones en casos de violación o de grave peligro para la vida de la madre durante el embarazo, países como Guatemala ni siquiera han hecho esas concesiones. No es infrecuente encontrar casos de médicos y mujeres encarceladas incluso en casos de aborto espontáneo o de mortinatos.
Argentina, sin embargo, está a punto de pasar página. Planea y espera unirse a la liga de Cuba, Uruguay y Guyana; todos los países donde el aborto es legal. Si bien Cuba y el Uruguay son países católicos, Guyana sigue en su mayor parte a la Iglesia Anglicana debido a su legado colonial británico. Si el proyecto de ley para legalizar el aborto logra ser aprobado por el Congreso argentino, tendrá repercusiones en la región, entre otras cosas porque la Argentina es un país de 45 millones de habitantes, y también por el Papa; el líder supremo del mundo católico, el Papa Francisco, es argentino.
El país ha pasado por las mociones de los intentos y debates en torno a la legalización de los abortos para todas las mujeres hasta las catorce semanas de embarazo. Si bien la Argentina permite el aborto en caso de violación y peligro para la vida de la madre, la mayoría de los médicos todavía dudan en realizar tales procedimientos por temor a ser perseguidos por la ley y también por la persecución social a la que podrían enfrentarse; como en el caso de la niña de 11 años que fue violada e impregnada. Los médicos, que estaban en su derecho legal de realizar la operación de cesárea al niño, fueron condenados más tarde por los líderes religiosos de la sociedad.
En 2018, durante el régimen del ex presidente Mauricio Macri, se lanzó una campaña para legalizar el aborto. La campaña fue disputada con vehemencia no sólo por la iglesia y la élite religiosa, sino también por el propio Papa, que se interesa mucho por la política interna de su patria. El intento de legalizar el aborto en Argentina se produjo poco después de que la campaña para legalizar el aborto en Irlanda tuviera éxito con una mayoría de votos a favor de la legalización. Se creía que lo mismo ocurriría en la Argentina, ya que Irlanda también es un país mayoritariamente católico y se creía que estaba del lado conservador en el contexto de las convenciones sociales. Sin embargo, como el aborto seguía siendo ilegal en la Argentina en 2018, no sólo significaba el control del catolicismo y de la élite religiosa sobre la política de la nación; también era sintomático del hecho de que se había producido un desplazamiento hacia el sur de los lugares de poder del catolicismo. Si bien la negativa del régimen argentino a legalizar el aborto fue una decisión religiosa, también fue una decisión política. En un momento en que el pueblo argentino estaba descontento e insatisfecho con su jefe de Estado, una decisión que pudiera enfadar aún más a los votantes no habría sido un paso político acertado.
El aborto es tanto una decisión política ahora como lo fue en 2018. Legalizar el aborto fue una de las primeras promesas de campaña que el actual presidente argentino, Alberto Fernández, hizo a sus votantes. La narrativa en torno al aborto y también el clima político y social de América Latina tampoco es el mismo que en 2018. Fernández se ha hecho oír en el pasado sobre las ramificaciones a largo plazo de la penalización del aborto para las mujeres. Ha opinado que el principal trabajo de un estado es proteger a su gente y que la penalización del aborto ha llevado a un empeoramiento de los servicios médicos, de la salud y a un posible peligro de muerte para las mujeres del país durante demasiado tiempo.
En lugar de dirigir el aborto hacia la religión y la necesidad de una reforma religiosa o de aflojar la soga alrededor de la sociedad, Fernández ha categorizado la penalización del aborto como un peligro para la salud pública. Al inclinar su sombrero hacia los activistas de los derechos de la mujer que han luchado por esta demanda durante décadas y también hacia la activista de los derechos de la mujer de hoy en día que está tratando de concienciar sobre la violencia contra la mujer; también está desviando la atención del público de una economía enferma y una crisis de deuda sin solución a la vista. Si bien esto podría desviar la atención del público durante algún tiempo, la medida también podría resultar contraproducente en un país profundamente católico.
Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son los del autor.
Fuente: este post proviene de geopolitico, donde puedes consultar el contenido original.
¿Vulnera este post tus derechos? Pincha aquí.
Creado: